Análisis Regional y Local de la Situación de las Personas con Discapacidad




En la mayoría de los países en vía de desarrollo de América Latina, no hay datos confiables estadísticos sobre la población de personas con discapacidad. Naciones Unidas estableció tras realizar estudios, que aproximadamente un 10% de la población mundial posee una discapacidad. En muchos países, esta cifra es tomada como referencia para determinar esta población. Además aseguran que en muchos países donde la pobreza es mucho mas extrema, este porcentaje puede aumentar debido a la desnutrición, conflictos armados, etc.




Sabemos que en países como el nuestro, Republica Dominicana, aun cuando la Organización Mundial de Salud-OMS- haya declarado erradicada la Poliomietis hace pocos años, la cual era una de las principales causas discapacitante en niños, aun persisten causas que hacen que esta cifra sea mucho mayor que la que ofrece la Oficina Nacional de Estadísticas. Además de las causas antes mencionadas, están los accidentes de motor, los cuales, debido que se han convertido en una opción obligada de transporte para miles de ciudadanos de escasos recursos y se han constituido, según estadísticas del Hospital de Traumatología Dr. Darío Contreras, en una de las mayores causas de discapacidad permanente (fracturas, amputaciones trauma severa, etc.) otra causa los son las balas perdidas.




Necesidad de políticas y leyes para la igualdad de Oportunidades




A pesar de que en nuestro país existe un marco legal y jurídico relativo a las PcD, mediante la aprobación de la Ley 42-2000 General sobre Discapacidad, el hecho de que no este reglamentada y no se apliquen sanciones al violarla, permite que el sector de las Personas con Discapacidad se coloque dentro de los grupos considerados tradicionalmente mas vulnerables.Las barreras físicas y mentales del entorno, así como la carencia absoluta de un sistema de transporte accesible, hace casi imposible a las PcD desplazarse en busca de los servicios, actividades, información y la documentación que se ponen a disposición de todas las personas. De esta manera, se niega el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones para todos y todas.Contexto de marginalidad, mitos y creenciasUna de las circunstancias que ha mantenido marginado al sector de las Personas con Discapacidad, en aspecto de salud y prevención de ETS y VIH-SIDA, han sido los mitos y creencias que se han tejido en su entorno: “Son asexuados, no tienen sentimientos, por lo tanto no se enamoran ni son capaces de producir sentimientos de atracción, no pueden tener relaciones de pareja, no pueden tener hijos” entre otros.




Esta situación transciende lo local y lo regional, para convertirse en algo mundial, lo cual ha obligado a organismos como Naciones Unidas, a tomar acciones que contribuyan a cambiar este panorama de exclusión de las PcD en casi todos los ordenes, pues existen numerosos procesos de los cuales han sido excluidas, pero es evidente que esos procesos se debilitan cuando no se involucra a toda la población por igual, mas aun, cuando los gobiernos no se comprometen con las obligaciones estipuladas en Tratados Internacionales.




Uno de los más recientes, el “Decenio por los Derechos y Dignidad de las Personas con Discapacidad en las Américas (2006-2016), aprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA), en su 36ava sesión celebrada en Santo Domingo, República Dominicana en fecha 4 de Junio de 2006. La Asamblea General de la OEA declaro: “Existe una necesidad de adoptar medidas urgentes a nivel hemisférico y / o regional así como estrategias que promuevan el reconocimiento y pleno ejercicio de todos los derechos humanos básicos, como lo es la salud, incluyendo los de tipo civil, políticos y culturales, así como también las libertades fundamentales de las personas con discapacidad”. En respuesta a esta necesidad se declaró que entre el periodo 2006-2016 se realice la Década en mención con el tema “Igualdad, Dignidad y Participación”.




Igualmente la Organización Panamericana de la Salud-OMS, en su Informe Regional del 2005, hace la siguiente referencia al respecto de nuestros países: “Al finalizar el siglo XX la población con discapacidad, en América Latina y el Caribe, se estimó en 43 millones de personas y solo el 2% tiene la oportunidad de recibir algún tipo de intervención para mejorar su situación en cuanto a salud y prevención. Esto significa que 42 millones de personas con discapacidad sufren las consecuencias que se originan de la falta de equidad de los actuales modelos de organización asistencial y que tenemos que hacer un esfuerzo por superar.”




Igualmente en ese mismo informe la OMS expresa algunos indicadores de referencia muy interesantes:“El 80% de las personas con discapacidad vive en los países en vías de desarrollo. En América Latina más del 20% de la población carece de acceso a los servicios de salud y 46% carece de cobertura de seguridad social. De los 43 millones de personas con discapacidad en América Latina y El Caribe, aproximadamente el 25 % son niños (as) y adolescentes. La mitad de los accidentados de tránsito son jóvenes entre los 15 y 34 años. Un 2 al 3% de los recién nacidos presentan graves deficiencias”.De ahí la gran importancia de que en nuestro país este sector de PcD se integre al proceso que viene llevando a cabo el COPRESIDA, a través de acciones con las diversas alianzas y sectores sociales, para dar una Respuesta Nacional frente a la Epidemia del VIH-SIDA.




Según los resultados del ultimo Censo de Población y Vivienda del año 2002, la población total de la Rep. Dominicana es de 8,562.541 habitantes, según las cifras de Naciones Unidas, podemos decir que hay en nuestro país unas 856,254 Personas con Discapacidad aproximadamente.




La Ley General 42-2000 sobre Discapacidad, (Actualmente en proceso de modificacion)mediante la cual se crea el Consejo Nacional sobre discapacidad -CONADIS, es una importante normativa relativa a la protección de los derechos de las personas con discapacidad en la Rep. Dominicana, creada para proteger a las personas con discapacidad “de todo acto o proceso discriminatorio”. Reconoce a las personas con discapacidad (PcD) como “sujetos con iguales derechos y deberes humanos, constitucionales y civiles que aquéllas que no se encuentran en esta condición”.

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